La relación entre México y EE.UU siempre ha vivido momentos clave en los cuales lo bilateral y lo internacional se entreveran. Lo vimos en momentos álgidos de la Guerra Fría, con el espionaje desde la ciudad de México y particularmente en los ochenta con el choque entre nuestras respectivas diplomacias en Centroamérica y su traslape con el asesinato de Camarena; en el deshielo bipolar y cómo abonó a la oportunidad que se abrió con el TLCAN; y en los ataques terroristas de 2001 y la manera en la cual obligaron a un paradigma de seguridad norteamericana. Hoy son las fortunas de Ucrania por un lado y de un manejo corresponsable y no politizado de los flujos migratorios en ambos lados de nuestra frontera.
En mi columna anterior describía cómo el Presidente López Obrador está usando los flujos migratorios a través de territorio mexicano para chantajear diplomática y electoralmente a su homólogo estadounidense. Pero esta última semana, el otro lado de esa moneda, lo que ocurre en Washington con el debate sobre política migratoria y la seguridad fronteriza, ha tomado otro giro más en una espiral interminable de politización, polarización, alcahueteo electoral e incertidumbre geopolítica. Y es que desde octubre pasado, la solicitud formulada por el Presidente Biden al Congreso de un paquete suplementario de recursos para apoyar a Ucrania en la defensa de su soberanía e integridad territorial frente a la agresión e invasión rusa ha sido bloqueada por la bancada Republicana. Esta exige, en una combinación tóxica de aislacionismo y oposición a ayudar a Ucrania (lo que diría Ronald Reagan de su partido si estuviese vivo hoy) y de oportunismo electoral, que a cambio de liberar esos recursos, Biden instrumente medidas aún más draconianas para controlar lo que Trump y muchos otros Republicanos caracterizan como la verdadera amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, a decir, la frontera con México.
Durante meses, las bancadas Demócrata y Republicana en el Senado han estado enfrascadas en negociaciones, entre ellas y con la Casa Blanca, sobre un paquete de medidas para endurecer los controles migratorios en la frontera entre nuestros dos países, y con ello desatorar la aprobación de recursos para Kiev. Y si bien es posible que esta misma semana se dé a conocer el texto, el acuerdo podría nacer muerto. De entrada, los Republicanos creen haber encontrado el tema con el cual pueden arrinconar electoralmente a Biden, y por ello todos los caminos de la campaña presidencial Republicana pasan por la frontera con México. Pero además, ahora Trump se ha insertado de lleno en el proceso de negociación, convencido de que puede -gracias también a las acciones de su comparsa Gregg Abbott, el gobernador de Texas- sacar raja político-electoral al dinamitar el acuerdo con los Demócratas y la Casa Blanca, negándole a Biden una victoria política, profundizándole la crisis en la frontera y elevándole el costo cara a los votantes. El viernes el ex mandatario demandó a la bancada Republicana oponerse a cualquier acuerdo (cosa que además de rebote le es funcional para garantizar que no fluyan más recursos a Ucrania y hacerle el “favorcito” a Putin). Inmediatamente, en una reacción pavloviana, varios senadores Republicanos que habían estado participando en la negociación con sus contrapartes Demócratas salieron a declarar que las perspectivas de un acuerdo se habían desdibujado, mientras que el presidente de la Cámara de Representantes declaró, con una espina dorsal digna de una amiba, que el acuerdo, tal y como estaba siendo negociado en el Senado, no transitaría en la cámara baja. A ello hay que agregar que esta semana en ese recinto legislativo iniciará el otro frente en esta ofensiva con la ópera bufa Republicana para tratar de enjuiciar políticamente al Secretario
de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, por lo que ocurre en la frontera, a pesar de que ninguno de los artículos de la ley para proceder a enjuiciar a un servidor público se le puede aplicar.
¿Qué es lo que contiene el acuerdo? Se sabe que las medidas que se han discutido incluyen una ampliación radical de las facultades de deportación del gobierno y la capacidad de expulsar a migrantes y refugiados que cruzan ilegalmente la frontera, negándole a los segundos el acceso al sistema de asilo cuando los cruces diarios superen los 5,000. Los Republicanos también han presionado para que se establezcan nuevos límites a las atribuciones y facultades del presidente de utilizar la autoridad Ejecutiva de libertad condicional a inmigrantes y refugiados mientras esperan su juicio de adjudicación migratoria.
No cabe duda que una de las áreas más activas de formulación de políticas durante la gestión de Biden se ha convertido en una de sus mayores vulnerabilidades cara a la reelección. El presidente firmó más órdenes Ejecutivas relacionadas con la inmigración que cualquier otro tema en su primer día en el cargo, instrumentado más de 500 acciones Ejecutivas desde entonces. Pero la Patrulla Fronteriza ha registrado más de 6 millones de cruces indocumentados a lo largo de la frontera con México desde que Biden asumió el poder, el lapso de mayor actividad en los 100 años de historia de la agencia, además de casi 2 millones de personas que fueron detectadas al cruzar más no detenidas. Solo el mes pasado se registraron 249,785 cruces indocumentados (con los mexicanos hasta arriba de la lista) a lo largo de la frontera, el total mensual más alto jamás registrado. La gestión de la frontera por parte del presidente y la inmigración es el tema peor valorado en las encuestas. Y eso que Biden, quien en 2020 hizo campaña con lo que el Wall St Journal tildó como el “plan más liberal presentado por cualquier candidato Demócrata convencional en la historia”, lo ha abandonado en favor del enfoque Republicano.
En un intento de triangulación política para salvar el acuerdo en ciernes en el Senado y hacer jiu jitsu con la narrativa Republicana, Biden apuntó el mismo viernes que los cambios le darían la autoridad para “cerrar la frontera cuando se vea abrumada” (y por cerrar se refiere a los flujos migratorios, no a los cruces comerciales) y dijo que “la usaría el día que firme el proyecto de ley”, agregando que estaba dispuesto a aceptar restricciones al sistema de asilo y otras medidas coercitivas que eran casi impensables como eje de política migratoria Demócrata hace tan solo cuatro años. Tales declaraciones corren el riesgo de alienar aún más a sectores progresistas del partido (ya de por sí molestos por el arropamiento de Biden a Tel Aviv y el uso de la fuerza israelí en Gaza) que consideran que los esfuerzos para endurecer la aplicación de la ley son demasiado similares al enfoque de la era Trump contra el cual Biden hizo campaña. Pero a la vez, si los Republicanos, espoleados por Trump, deciden denunciar el acuerdo que ellos mismos negociaron hasta la semana anterior, Biden y los Demócratas tendrán por primera vez una rendija para lanzarse a la contraofensiva y argumentar que los Republicanos no tienen la menor intención de alcanzar un acuerdo para mejorar la situación en la frontera, que todo es puro teatro y que, además, la jugarreta Republicana se lleva a Ucrania entre las patas, cosa que Putin aplaudirá rabiosamente desde el Kremlin. Seguramente subrayarán además que la capacidad de la administración de mejorar el “control operativo” de la frontera depende en parte de la asignación presupuestal del Congreso: la solicitud suplementaria en juego para Ucrania, en limbo desde el otoño, etiqueta aproximadamente $14 mil millones de dólares para contratar más agentes para la Patrulla Fronteriza, más
agentes aduaneros (para no tenerlos que desviar a tareas de procesamiento migratorio) y jueces de inmigración.
Para México y para la relación bilateral estas no son buenas noticias y encarnan una ecuación pierde-pierde. Implica que el GOP está decidido a doblar la apuesta en usar la frontera con México como ariete electoral y que Trump busca que explote la situación ahí; que de concretarse el acuerdo, México -y los estados y municipios fronterizos en particular- tendrá que enfrentar el impacto de números al alza de migrantes y refugiados atorados en limbo del lado mexicano de la frontera; que López Obrador seguirá contando con un instrumento de coerción diplomática, con el peligro de que hasta el 30 de septiembre, poco más de un mes antes de que los estadounidenses acudan a la urnas, pudiese decidir generarle otra crisis a Biden abriendo la llave de los flujos migratorios hacia nuestra frontera norte; y que Rusia seguirá explotando la situación, capitalizando temas mexicanos que le sean funcionales, como quedó en evidencia con el tuit del ex presidente ruso Medvedev -el mismo día del ultimátum de Trump a los Republicanos- criticando a Biden por el caos en la frontera y haciéndole el caldo gordo a Abbott y con la probadita de la campaña de desinformación y polarización en ciernes que se avecina por parte de Moscú en EE.UU camino a noviembre.